Es común que las atribuciones legales de distintos organismos generen colisiones, como fue el reciente caso de Codelco.
Hace algunas semanas (junio 2017), se hizo público un comentado dictamen de la Contraloría General de la República, en la que se cuestionaba la indemnización otorgada por Codelco a un exdirector, en virtud de la cual recibió un monto cercano a los 500 millones pesos.
El dictamen no solo puso en entredicho la pertinencia del monto indemnizado, sino que cuestionó la capacidad de Codelco de disponer libremente de sus recursos, lo que tendría implicancias en la amplia variedad de relaciones jurídicas que establece todos los días.
No solo el directorio de la minera reaccionó con preocupación; la interpretación podría tener impacto en la administración de otras empresas estatales.
De acuerdo a la Contraloría, los principios de eficiencia, eficacia y probidad, que rigen el actuar de los órganos…
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